Ecologistas aseguran que la Junta promueve macroincineradora para toda la basura de Castilla y León

Ecologistas en Acción ha desvelado que la Junta promueve una macroincideradora para toda la basura de Castilla y León que funcionaría desde 2029, gestionada por la sociedad pública Somacyl, con al menos 350.000 toneladas de residuos anuales, y que ha propuesto a las diputaciones provinciales, a los consorcios de residuos y a los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid.

En un comunicado, la asociación ecologista ha aportado el borrador del convenio a 40 años que la Consejería de Medio Ambiente ha propuesto a las citadas entidades para incinerar el rechazo de todos los centros de tratamiento (CTR) de residuos domésticos en “una única planta de valorización que preste servicio a toda la Comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional”.

Preguntado por este proyecto, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ha negado que la ubicación esté ya determinada: “Confirmo que no hay nada planificado en ningún sitio y que, por tanto, esas noticias no tienen una base real”, ha dicho al ser preguntado por su posible ubicación en Burgos.

“No sé de qué se hablará, quien habla que diga por qué habla, porque ahora mismo no hay absolutamente nada”, ha expresado durante su visita al municipio palentino de Grijota, donde ha defendido que “todos los países, todas las comunidades, tienen en el futuro todas las opciones abiertas para cumplir con los parámetros que exige la Unión Europea” en esta materia.

“No descartamos nada ni afirmamos nada. Y desde luego, quien habla ya de ubicaciones de plantas, pues lo está haciéndolo de forma estéril, porque no hay absolutamente nada”, ha añadido.

En el borrador del convenio difundido por Ecologistas en Acción se cuantifica la capacidad mínima de la incineradora en 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos, el 40 % del rechazo generado anualmente en los CTR de Castilla y León; que podría incrementarse hasta medio millón de toneladas al año.

Ecologistas pide su retirada

Ecologista en Acción, que ha pedido la retirada del proyecto, ha alertado de que se trata “de una macroincineradora de residuos, mayor que la del Ayuntamiento de Madrid en Valdemingómez, en la que cada día descargarían sus cargamentos de basura cientos de camiones procedentes de toda la región, originando un delirante trasiego de desechos”.

Ha recordado la asociación ecologistas que en España sólo hay once incineradoras de residuos domésticos, todas en áreas densamente pobladas como A Coruña, Barcelona, Bilbao, Guipúzcoa, Madrid o Mallorca, dado que por su elevado coste requieren quemar grandes cantidades de desechos.

Pago de 90 euros por tonelada

“La macroincineradora sería aprobada como Proyecto Regional, para imponerla al municipio donde se decida ubicar, y la gestionaría la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL)”, administración paralela de la Junta de Castilla y León, ha referido Ecologistas en Acción.

Las entidades locales se comprometerían a la entrega de al menos el 90 % del rechazo que resulte del tratamiento de sus residuos municipales, admitiendo “la entrega de otro tipo de residuos susceptibles de valorización energética que permitan la sostenibilidad económica de la planta”, a un precio de 90 euros por tonelada de residuo, con penalizaciones económicas si no alcanzaran la cantidad mínima de residuos a entregar“.

Giro de 180 grados en la gestión actual

Esta propuesta supone “un giro de 180 grados en la gestión actual de los residuos municipales en Castilla y León, que pretendía ser ocultado por la Consejería de Medio Ambiente hasta la firma del Convenio prevista para finales de abril, evitando así el debate tanto en las entidades locales como a nivel ciudadano”, han criticado los ecoligistas.

“Se trata además de una iniciativa no contemplada en el obsoleto Plan Regional de Residuos de Castilla y León, aprobado en 2014 y cuya revisión ilegal fue anulada en marzo por el Tribunal Supremo”, han añadido.

Para Ecologistas en Acción, la pretensión de la Junta no se ajusta a la prioridad legal concedida en Europa, España y Castilla y León al reciclado frente a la incineración; y ha recordado que los CTR cuentan con plantas de compostaje y/o de biogás para fermentar los restos de comida, obteniendo abono y energía.

Ecologistas advierte de las emisiones tóxicas al aire

A su juicio, el mayor problema de la macroincineradora serían “sus emisiones al aire de contaminantes tóxicos como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas y furanos, pasando luego a las personas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados”.

Por ello, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta “la retirada de su inaceptable propuesta, exigiendo que la solución que se adopte a la lamentable situación actual de la gestión de los residuos municipales se enmarque en la elaboración participada de un nuevo Plan Regional de Residuos que permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y a las directrices europeas en la materia”.

Piden a las entidades locales que “no cedan a la extorsión”

Y ha pedido “a las entidades locales que no cedan a la extorsión del Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, renunciando al control de una política tan relevante para los ayuntamientos como la gestión de los residuos domésticos y comprometiendo durante décadas la capacidad decisoria de sucesivas corporaciones locales, con fuertes penalizaciones para aquellas entidades que apuesten más por reducir y reciclar”